A diez años del Acuerdo Final de Paz, el catastro multipropósito se consolida como una herramienta clave para ordenar el territorio rural en Colombia, en medio de avances institucionales, tensiones sociales y el reto de cerrar una deuda histórica con la tierra.
La relación entre el Estado colombiano y la tierra ha estado marcada por una persistente falta de información confiable y actualizada, lo que ha generado condiciones para que la relación entre conflictos agrarios y violencia persista (Gonzales, 2003; Gutiérrez Sanín, 2014). En consecuencia, la ausencia o deficiencias de información sobre la tierra no pueden entenderse únicamente como una falla técnica. Desde una perspectiva histórica, el rezago catastral expresa un conjunto de problemáticas estructurales más profundas, entre ellas: la falta voluntad política; la resistencia de las elites agrarias a la tributación; la concentración, el acaparamiento y la apropiación indebida de la tierra; la informalidad en la tenencia y la inseguridad jurídica sobre la propiedad; las desigualdades en el recaudo del impuesto predial y la limitada capacidad del Estado para planificar y gestionar de manera efectiva amplias zonas rurales (León y Dávila, 2020).