Durante un largo período, la navegación marítima a través del Estrecho de Ormuz no se desarrolló sobre la base del ejercicio de un derecho pretendido, sino dentro del marco de una interacción fundada en la cortesía y la buena fe mutua. Durante años, la República Islámica de Irán, como Estado ribereño, facilitó el paso de buques mediante una práctica continua y pacífica. Sin embargo, esta práctica nunca debió entenderse como una aceptación de una obligación legal vinculante ni como una renuncia a la soberanía y los derechos soberanos del Estado ribereño sobre su propia vía fluvial. No obstante, hoy, debido a un cambio fundamental de circunstancias y a la transformación sustancial de la seguridad, ya no es posible la continuación de tal cortesía unilateral, y la adopción de medidas apropiadas basadas en el respeto a los derechos soberanos del Estado ribereño se ha convertido en una necesidad inevitable.
En efecto, el Estrecho de Ormuz ha sido considerado durante mucho tiempo una vía fluvial sensible y estratégica —un estatus que ahora ha sido redefinido a la luz de los repetidos actos de agresión del régimen sionista, Estados Unidos y ciertos Estados vecinos de la región. Algunos Estados vecinos, al poner su territorio a disposición de los agresores para cometer actos de agresión contra la República Islámica de Irán, se han convertido en cómplices de dicha agresión. Esta conducta constituye en sí misma un acto de agresión según la definición de la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General y, en consecuencia, esos Estados han asumido la pesada carga de responsabilidad por este acto, que es una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas y de la norma imperativa de “prohibición de la agresión”. Como resultado de esta agresión y de estos actos hostiles, la seguridad y la protección de la región, y en particular del Estrecho de Ormuz, han sufrido daños graves y generalizados. No debe olvidarse que el agresor y sus bases militares regionales fueron abastecidos y equipados, entre otras formas, a través del mismo estrecho. Por lo tanto, prevenir la repetición de tales actos internacionalmente ilícitos es un imperativo innegable.
Tras la intensificación de tales actos, las circunstancias han cambiado fundamentalmente, dando lugar a una situación nueva e irreversible. En esta situación, el Gobierno de la República Islámica de Irán, como Estado ribereño, se ve compelido a adoptar medidas prácticas y proporcionadas para gestionar los acontecimientos que se han extendido a las zonas marítimas. Estas medidas se toman con el fin de evitar que se impongan nuevos riesgos a los buques y navegantes en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán.
Cambio fundamental de circunstancias
Desde el inicio de los actos de agresión contra la República Islámica de Irán, el entorno de seguridad del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz ha sufrido transformaciones significativas y, por lo tanto, ha quedado sujeto a un cambio fundamental de circunstancias. En la situación actual, las circunstancias subyacentes que rigen el régimen legal del Estrecho, a saber, la existencia de un nivel mínimo de estabilidad y seguridad regional necesario para garantizar un paso seguro, se han visto gravemente socavadas como resultado de repetidas amenazas y acciones que violan el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas.
Uno de los factores más significativos que ha perturbado el orden anterior es el desprecio persistente por una norma imperativa del derecho internacional: la norma que prohíbe cualquier acto de agresión. Además de esto, a pesar de las repetidas violaciones del derecho internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como órgano principal responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ha permanecido prácticamente incapaz de condenar al agresor y, en consecuencia, no ha cumplido con su responsabilidad primordial de garantizar la paz y la seguridad internacionales y restaurar la estabilidad en la región.
En consecuencia, en el derecho internacional del mar, el régimen de paso por los estrechos utilizados para la navegación internacional no puede aplicarse en un vacío de seguridad. La obligación del Estado ribereño de facilitar el paso está condicionada a la existencia de circunstancias en las que la seguridad de la navegación y el orden público marítimo no hayan sido gravemente perturbados. En una situación en la que las amenazas militares persistentes plantean peligros reales y transforman el entorno operativo, la adopción de medidas necesarias basadas en la doctrina del cambio fundamental de circunstancias es inevitable.
Sobre esta base, el conjunto de medidas y prácticas actuales debe considerarse como un ajuste de derechos y obligaciones para adaptarse a las circunstancias, a la luz del cambio fundamental de circunstancias, medidas emprendidas con el objetivo de establecer un equilibrio entre los requisitos de seguridad del Estado ribereño y la continuación del paso seguro de la navegación internacional.
Soberanía sobre el mar territorial
Según el derecho internacional del mar, la soberanía de los Estados ribereños sobre su mar territorial, incluida la parte que se encuentra dentro de un estrecho internacional, y el ejercicio de los derechos y la jurisdicción derivados de dicha soberanía, constituyen un principio fundamental y bien establecido. En consecuencia, los arreglos para gestionar el paso a través del Estrecho de Ormuz se rigen dentro del marco de las leyes internas de Irán y Omán, así como de las reglas y principios consuetudinarios y convencionales, incluidas las Convenciones de Ginebra de 1958, las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, los principios de la Carta de las Naciones Unidas y los precedentes judiciales internacionales (incluidas las sentencias de la Corte Internacional de Justicia en los casos del Canal de Corfú y de las Plataformas Petroleras). Dentro de este marco, un principio esencial es de particular importancia: ningún derecho bajo el derecho internacional, incluido el derecho de paso, puede ejercerse de manera que resulte en una amenaza, agresión militar o violación de la seguridad del Estado ribereño. En consecuencia, la mera confianza en conceptos clásicos es insuficiente para abordar las exigencias de la situación actual sin precedentes y no satisface adecuadamente los requisitos de seguridad y soberanía.
Esta situación también se basa en la norma imperativa que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza, consagrada en el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas y reconocida en los precedentes judiciales internacionales y en las sentencias de la Corte Internacional de Justicia como una regla intransgredible. En el caso relativo a las Actividades Militares y Paramilitares en Nicaragua y en contra de Nicaragua (Nicaragua c. Estados Unidos de América), las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia indican claramente que cualquier presencia o acción militar extranjera que ponga en peligro la seguridad o la soberanía de otro Estado, incluso indirectamente, es contraria a ese principio.
Además, el Artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 afirma la soberanía del Estado ribereño sobre su mar territorial, lecho y subsuelo, y no otorga autorización para el estacionamiento de fuerzas extranjeras. El Artículo 30 de la misma Convención confirma el derecho a exigir que cualquier buque de guerra que no cumpla con las leyes y reglamentos del Estado ribereño abandone inmediatamente el mar territorial. Además, el Manual de San Remo sobre el Derecho Internacional aplicable a los Conflictos Armados en el Mar enfatiza el derecho de los Estados ribereños a restringir la presencia militar extranjera para preservar la neutralidad de los Estados regionales y la seguridad de la vía fluvial.
Al tiempo que impide la reproducción de patrones agresivos e intervencionistas que han llevado a la inestabilidad y la inseguridad, este enfoque establece un equilibrio entre la libertad de navegación y los derechos de seguridad del Estado ribereño, como se afirma en la práctica judicial internacional establecida.
Soberanía histórica sobre el Estrecho de Ormuz
Al formular los arreglos para gestionar el paso a través del Estrecho de Ormuz, es esencial enfatizar la soberanía histórica de Irán y Omán sobre esta vía fluvial. Esta conclusión ha sido afirmada por varios tribunales arbitrales. En consecuencia, la antigua soberanía histórica de Irán sobre el Estrecho de Ormuz, que existió durante siglos antes de la Convención y se ha ejercido continuamente, sigue siendo válida.
En el caso de Qatar c. Bahréin, la Corte Internacional de Justicia, al examinar los derechos históricos en el Golfo Pérsico, consideró que el ejercicio continuo de la soberanía y las actividades históricas por parte de los Estados ribereños constituye una base válida para el reconocimiento de un “título histórico” sobre las zonas marítimas. Dada la situación geográfica e histórica similar del Estrecho de Ormuz, este precedente judicial confirma directamente la soberanía histórica de Irán y Omán sobre el estrecho.
Tanto la Convención de Ginebra sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua de 1958 como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 reconocen la soberanía plena del Estado ribereño sobre su mar territorial y preservan los derechos históricos de los Estados ribereños en golfos y vías fluviales semicerradas. Por lo tanto, a la luz del ejercicio continuo e histórico de la soberanía por parte de Irán y Omán sobre el Estrecho de Ormuz durante muchos siglos, este estrecho posee un título histórico.
Jerarquía de las normas aplicables
En este sentido, las reglas que rigen esta materia deben examinarse en tres niveles distintos pero interrelacionados, dado que cada nivel posee un rango más alto y un carácter más fundamental, y las reglas de niveles inferiores no pueden interpretarse ni aplicarse en conflicto con los principios de los niveles superiores.
El primer nivel se relaciona con los principios fundamentales del derecho internacional, incluidas las normas imperativas (jus cogens), es decir, la prohibición de la agresión, y las consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, incluida la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza (Artículo 2(4)) y el derecho inherente de legítima defensa (Artículo 51). Estos principios se encuentran en la cúspide de la jerarquía de las normas jurídicas internacionales y establecen el marco y las limitaciones para todas las demás reglas.
El segundo nivel se refiere al derecho internacional humanitario (derecho de los conflictos armados), que rige la conducta en las hostilidades armadas y determina qué conductas son permisibles y cuáles están prohibidas en situaciones de conflicto armado. Este nivel de reglas complementa de manera jerárquica los principios fundamentales del primer nivel.
En el tercer nivel, el derecho del mar se aplica como un cuerpo legal especializado. Las reglas que rigen los regímenes de paso a través de estrechos internacionales, los derechos de los Estados ribereños sobre su mar territorial y otras disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 no pueden aplicarse en un vacío o ignorando los niveles superiores. En otras palabras, el derecho del mar no debe analizarse por separado de las “causas profundas” que han dado forma a la situación actual (incluyendo la agresión, las amenazas militares continuas y la incapacidad del Consejo de Seguridad para mantener la paz), ni por separado de los principios fundamentales del derecho internacional; de lo contrario, esta rama del derecho se convertiría en una herramienta para justificar la agresión y desconocer los derechos soberanos de los Estados ribereños.
Con respecto al tercer nivel, debe señalarse que la República Islámica de Irán no se ha adherido a la Convención de 1958 sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, ni a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Por lo tanto, Irán no está vinculado por sus disposiciones, excepto en la medida en que se hayan convertido en parte del derecho internacional consuetudinario.
El régimen de “paso en tránsito” establecido en la Convención de 1982 no cumple con los criterios establecidos del derecho internacional consuetudinario. Las conclusiones del trabajo de 2018 de la Comisión de Derecho Internacional sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario contienen elementos clave que generalmente se consideran para determinar si una práctica se ha convertido en costumbre. Dos de estas conclusiones son particularmente relevantes: primero, según la Conclusión 5, “la práctica estatal consiste en la conducta del Estado, ya sea en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, legislativas, judiciales u otras funciones”. Segundo, la Conclusión 15 establece que “cuando un Estado ha objetado una regla del derecho internacional consuetudinario mientras esa regla estaba en proceso de formación, la regla no es oponible al Estado en cuestión mientras mantenga su objeción”.
Mediante su objeción continua y persistente al régimen de “paso en tránsito” previsto en los Artículos 37 a 44 de la Convención de 1982, Irán no ha reconocido estas reglas como vinculantes en virtud del derecho internacional consuetudinario. En este sentido, la práctica legislativa y diplomática constante de Irán desde 1982 ha establecido su posición como objetor persistente a la naturaleza vinculante de estas reglas y ha cuestionado la opinio juris necesaria para la formación de una norma consuetudinaria.
El primer documento notable registrado en la Serie de Tratados de las Naciones Unidas es la declaración interpretativa de Irán en el momento de la firma de la Convención, en la que declaró explícitamente que ciertas disposiciones, incluido el régimen de “paso en tránsito” en la Parte III (Artículos 37 a 44), no representan el derecho internacional consuetudinario establecido. La Ley Marítima de Irán de 1963 (1342), su enmienda de 2012 (1391) y la Ley de Zonas Marítimas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán de Irán de 1993 (1372) son pruebas adicionales de esta práctica. Esta última ley no hace referencia al paso en tránsito y, por lo tanto, no reconoce ese régimen; más bien, establece disposiciones regulatorias específicas para el estrecho, incluido el requisito de obtener autorización previa para el paso de buques de guerra, submarinos y buques que transporten sustancias peligrosas o ambientalmente dañinas.
En consecuencia, el marco legal aplicable para el paso a través del Estrecho de Ormuz, en ausencia de una obligación treaty vinculante y en ausencia de una regla consuetudinaria de “paso en tránsito”, es el derecho consuetudinario de “paso inocente” a través de estrechos utilizados para la navegación internacional, reconocido por la Corte Internacional de Justicia en el caso del Canal de Corfú (1949). Dentro de este marco, el Estado ribereño tiene derecho a regular el paso, cobrar tarifas por los servicios marítimos, requerir notificación previa o autorización para el paso de buques de guerra, y adoptar las medidas necesarias para la protección de su seguridad. Las medidas adoptadas por la República Islámica de Irán son coherentes con este marco consuetudinario.
En consecuencia, cualquier análisis legal de la situación en el Estrecho de Ormuz que proceda directamente a las disposiciones específicas del derecho del mar sin examinar primero las normas imperativas, los principios fundamentales de la Carta y el derecho internacional humanitario no solo es incompleto, sino también engañoso. El derecho del mar no opera en un vacío y no puede ser utilizado como un escudo para justificar la agresión, la presencia militar extrarregional o el desconocimiento de los derechos soberanos históricos y contemporáneos de los Estados ribereños.